• El Consejo de Administración del Real Betis Balompié S.A.D. tiene la obligación legal y estatutaria de convocar Junta Extraordinaria a requerimiento de socios que sean titulares de, al menos, un 5% del capital social.

• Dicho requerimiento se produjo con fecha 13 de Agosto por Plataformas que representan un 10% del capital social.

• La Junta Extraordinaria debe celebrarse en el plazo de 30 días desde dicho requerimiento, según establece la Ley. La convocatoria debe publicarse 15 días antes de su celebración, según determinan los Estatutos.

• En caso de incumplimiento por parte del Consejo de Administración de esta obligación legal y estatutaria, la Ley prevé una convocatoria judicial, siendo el Juez quien determina además la persona que preside la Junta Extraordinaria.  

• El 22 de Octubre de 1997 tuvo lugar la presentación del que fue dado en llamar “el platillo volante”, en palabras del accionista mayoritario, que aquel día manifestó y se comprometió a lo siguiente: “Será un estadio totalmente nuevo, tirándose hasta la última piedra del actual”. 11 años más tarde solo se han culminado dos fases de las cinco fases totales del proyecto presentado en su día.

• Con fecha 1 de Enero de 2000 se procedió a la inauguración formal de las dos primeras fases del proyecto, correspondientes a la mitad del Estadio. 8 años más tarde de aquella inauguración, siguen en pie la grada de Preferencia y de Gol Sur del Benito Villamarín.

• Las promesas incumplidas, contradicciones y anuncios falsos desde aquellas fechas han sido innumerables: basta repasar la hemeroteca en este sentido.

• Tras la firma del Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de Sevilla, en el que se cede un terreno de titularidad municipal con la condición de que los beneficios de su aprovechamiento se inviertan en un objetivo de interés general cual es la finalización del estadio, el 8 de Enero de 2004 tiene lugar la firma del contrato de cesión de los derechos urbanísticos a Encadesa, cesión que a pesar de la modificación de sus condiciones figuraba vigente en las últimas cuentas anuales conocidas.

• Hay numerosas evidencias que apuntan a que la intención de los administradores ha sido siempre la de utilizar los aprovechamientos del Convenio Urbanístico meramente en la terminación de la fase de Gol Sur, sin garantizar la finalización de las fases de Preferencia y cubierta.

• La voluntad del Ayuntamiento de cumplimiento del espíritu del Convenio Urbanístico, así como las alegaciones presentadas por PNB y otros accionistas, parecen haber servido para introducir garantías en el Estudio de detalle –cuya solidez debería ser evaluada- tendentes a que todos los beneficios vayan a parar a la SAD para ser utilizados en la terminación del Estadio. En ese entorno, no obstante, hay numerosas evidencias y demoras que apuntan a la incapacidad de los actuales administradores del club de acometer la finalización del Estadio, por motivos sobre los cuales solo cabe realizar conjeturas, sin descartar aquellas que podrían vincular supuestas transmisiones de paquetes accionariales con un último intento de eludir las garantías fijadas en el Estudio de Detalle.

• Ha trascendido recientemente, asimismo, la existencia de documentos firmados entre la SAD y la empresa Encadesa en base a los cuales ésta podría reclamar al Real Betis Balompié una indemnización en cuantía cercana a los 8 millones de euros por la no finalización de las obras del estadio.

• Por otra parte, recientemente se ha presentado un supuesto proyecto de Ciudad Deportiva en Benacazón, primando –al igual que sucedió en el caso del supuesto proyecto en Guillena- el intento de bombo muy por encima del rigor y el contenido. De hecho, la mayoría de medios de comunicación han mostrado su escepticismo acerca de esta operación, dado que del mismo no ha trascendido ni forma de financiación, ni fechas de inicio, ni empresas que se harán cargo del mismo, ni estado de las licencias de obra, etc.

• En el marco de esta supuesta operación, ha trascendido la aparente intención de los administradores del Real Betis Balompié S.A.D. de negociar con el Ayuntamiento de Sevilla el fin del derecho de utilización de la actual Ciudad Deportiva, cuyos terrenos son de titularidad municipal.

• Es evidente la necesidad de que los administradores de la sociedad informen al conjunto de accionistas, de forma exhaustiva y con aportación documental, acerca de la situación actual del Convenio Urbanístico, el Estudio de Detalle, garantías establecidas para garantizar la terminación del Estadio y el aprovechamiento del Convenio exclusivamente para esta fin, fechas previstas de ejecución, empresas constructoras, etc.

• En este contexto, siguen sin aportarse explicaciones creíbles acerca de la ejecución de las obras de remodelación del Gol Sur, cuya licencia está concedida desde hace más de 5 años, que deben aportarse al conjunto de accionistas de la sociedad.

• La Junta de accionistas debe conocer también acerca de la posible existencia de requerimiento a la sociedad para el pago de indemnización por daños y perjuicios por la demora en la ejecución de las obras, para evaluar la existencia de contratos en este sentido con Encadesa u otras empresas, con aportación documental en su caso, y recibir las explicaciones oportunas.

• Igualmente, la Junta de accionistas es el ámbito apropiado en el que debe informarse con rigor, credibilidad, concreción y aportación documental acerca del supuesto proyecto de Ciudad Deportiva en Benacazón, con indicación de su localización, titulares de los terrenos, circunstancias de la operación, precio de adquisición y financiación del mismo, presupuesto para la ejecución, fechas previstas de ejecución, etc. Igualmente, debe informarse acerca del destino que se pretende dar a la actual Ciudad Deportiva de los Bermejales, así como su situación jurídica actual.

En relación a todos estos aspectos, cabe advertir de que los intereses del conjunto de accionistas del Real Betis Balompié S.A.D. son contradictorios con cualesquiera intentos o intenciones de especulación con lo que es patrimonio de la Entidad, siendo en este sentido especialmente preocupantes supuestos procesos de compraventa (o autocompra) de paquetes accionariales, por cuanto con determinadas escenificaciones pudiera estar persiguiéndose atender a intereses particulares y no a los intereses del conjunto de la Institución.

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